Lo privado: entre los derechos humanos y los poderes corporativos

Cuando la palabra “privado” dejó de significar libertad y empezó a significar poder

En la vida cotidiana, solemos asociar “lo privado” con lo personal, lo íntimo, lo que pertenece al ámbito de la libertad individual: la familia, el trabajo, los proyectos, la salud, la jubilación.
Sin embargo, en el lenguaje político y económico contemporáneo, lo privado fue secuestrado por las corporaciones, y pasó a representar algo muy distinto: el poder concentrado de los que no quieren ser regulados.

En su sentido original, lo privado humano es el espacio donde el individuo ejerce sus derechos civiles: decidir sobre su vida, proteger su intimidad, disfrutar del fruto de su trabajo, gozar de la seguridad social que construyó con sus aportes, compartiendo y legitimando con su comunidad.
Y ahí el Estado no debe retirarse, sino garantizar los derechos reales individuales y sociales.
Porque cuando el Estado se ausenta, lo privado y social, deja de ser libertad y se convierte en desamparo.

Del otro lado está el privado corporativo: empresas multinacionales, fondos financieros, monopolios tecnológicos o energéticos que también reclaman “libertad”, pero en su caso significa libertad para no pagar impuestos, para concentrar mercados y para imponer condiciones.
Mientras el ciudadano y la sociedad, necesitan protección para ejercer sus derechos, las corporaciones necesitan límites para no violarlos.

Por eso, la verdadera función del Estado democrático es nivelar el campo de juego: proteger a las personas y su sociedad, regulando a los poderes concentrados.
Cuando el Estado abdica de ese rol, la democracia se vacía de contenido social y los derechos se convierten en mercancías.

Los jubilados: acreedores del Estado argentino

Medio siglo de deuda económica y social. Un desafío político impostergable

La historia previsional argentina desde 1976 es una secuencia de reformas que nunca se resolvieron en favor de quienes aportaron.
Cada gobierno modificó la fórmula, ajustó por inflación o salarios, creó bonos, vetó aumentos o cambió índices, pero nunca se evaluó el costo económico moral de esa inestabilidad sobre la vida de millones de jubilados. Permanentemente se desfinanció  a las cajas provisionales, donde aportaron los jubilados, apropiándoselas para los déficits financieros y económicos cómo ahora.

Los jubilados no son beneficiarios: son acreedores del Estado.
Durante décadas aportaron al sistema solidario, confiando que ese contrato social sería respetado.
Sin embargo, las políticas de ajuste, los desequilibrios fiscales y las sucesivas crisis económicas transformaron ese derecho en una cuenta pendiente, transfiriendo sus recursos a diferentes déficit.
Años enteros de inflación no reconocida, de haberes licuados y de demoras judiciales crearon un diferencial histórico entre lo que deberían haber cobrado y lo que efectivamente cobraron y cobran.

La solución no puede ser solo técnica: debe ser económica, ética y política.
El Estado debe reconocer esa deuda como reconoce una deuda financiera (deuda externa), y acordar mecanismos de reparación progresiva, priorizando los derechos a los más vulnerables y mayores.
Una nueva Reparación Histórica —con control social, transparencia y auditoría ciudadana— podría ser el camino.

El PAMI, por su parte, necesita recuperar su esencia: una obra social financiada por los aportes de toda una vida, no una caja política ni un espacio de negocios sanitarios.
Debe rendir cuentas, transparentar sus gastos y garantizar prestaciones dignas, especialmente en las provincias del interior donde el acceso a especialistas y medicamentos sigue siendo desigual, por esto deben los aportantes al PAMI administrar y dirigir su obra social.

En definitiva, el debate provisional  “es una deuda interna” que se debe saldar, en tiempo presente.
no debemos relegar a quienes construyeron el país.

Lo que no se discutió a tiempo

Durante cincuenta años, estos temas —la captura corporativa de lo privado y la postergación de los derechos previsionales— no se discutieron en tiempo real.
Fueron postergados por la facilidad de apropiarse de esos fondos para solucionar las crisis financieras y económicas del Estado.
Hoy, frente a nuevas elecciones y ante un modelo que vuelve a hablar de “achicar el Estado”, esta reflexión es un llamado urgente.

A políticos y candidatos, para que incorporen la reparación previsional como prioridad de sus plataformas.
A los empresarios, que necesitan comprender que una sociedad que empobrece a sus mayores también erosiona su propio mercado y su legitimidad.
A gremialistas y trabajadores, para que defiendan juntos salario y jubilación.
Y a intelectuales, comunicadores y profesionales, para que ayuden a reinstalar este debate en la conciencia pública.

Porque lo privado no es sólo de las corporaciones.
También es —y ante todo debe ser— el espacio de los derechos conquistados por las personas.
Y la jubilación, como la salud, el trabajo y la educación, no son favores del Estado: son derechos adquiridos que lo constituyen.