¿YMAD es catamarqueña?
El traspaso de YMAD abre una etapa distinta para Catamarca y su gente
El debate en torno a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) vuelve a instalar una pregunta central: ¿El sentido de pertenencia de YMAD es verdaderamente catamarqueño? El reciente traspaso y la actualización normativa abren una etapa distinta para la provincia, pero ese cambio solo tendrá impacto real si logra algo más profundo que una modificación institucional: legitimar la pertenencia de los catamarqueños con la empresa.
Desde el discurso oficial se sostiene que “esta actualización normativa busca adecuar el marco institucional de la empresa a la situación actual del sector minero”. Sin embargo, el debate de fondo no se agota en la transferencia de facultades. Lo central es cómo va a funcionar YMAD de ahora en adelante, cuáles serán sus mecanismos de control, su nivel de transparencia y, sobre todo, su compromiso con la rendición de cuentas permanente ante la sociedad catamarqueña.
Con el nuevo convenio, el directorio de la empresa quedaría conformado por un presidente —designado por la provincia de Catamarca— y cuatro vocales: dos nombrados por la provincia y dos por la Universidad Nacional de Tucumán(UNT). Además, se prevé al menos un gerente ejecutivo de origen catamarqueño. Esta composición abre una oportunidad inédita para “catamarqueñizar” efectivamente la empresa, pero esa posibilidad no se concreta solo con cargos formales.
Para que YMAD sea sentida como propia, no alcanza con instrumentos institucionales nacionales, provinciales o universitarios. Hace falta avanzar en acciones y mecanismos concretos que permitan a la sociedad generar un verdadero sentido de pertenencia. En ese marco, una medida clave sería que los nuevos funcionarios —presidente, directores y gerentes— sean seleccionados mediante concursos públicos, transparentes y abiertos, alejándose de la lógica consanguínea y de las designaciones políticas cerradas que históricamente normalizaron estas decisiones de poder.
Un directorio elegido bajo esas condiciones debería, además, explicitar ante la ciudadanía qué política empresaria y pública va a llevar adelante: cuáles son sus metas, sus objetivos estratégicos y sus prioridades. Y, con el paso del tiempo, tendría que informar de manera periódica los resultados obtenidos, los desvíos detectados y las correcciones realizadas. Sin información pública y accesible, no hay control social posible.
Desde el gobierno provincial se afirma que “lo importante para la provincia es que recupera y por primera vez va a tener la potestad de manejar operativamente la empresa”. Esa potestad, sin embargo, solo será virtuosa si se ejerce con reglas claras, controles efectivos y una fuerte vocación de transparencia.
La discusión sobre YMAD también reabre otro debate histórico: el de Bajo La Alumbrera. En virtud del contexto actual del precio internacional del cobre, se retoma la explotación del material remanente del yacimiento original. En este punto hay un dato clave: toda la infraestructura de Alumbrera —el establecimiento minero, el mineraloducto, el aeropuerto y otras instalaciones— pertenece a YMAD.
Tras el cierre del ciclo productivo original aparece el proyecto MARA, que integra también a Agua Rica. Para su ejecución se firmó un convenio de uso de estas instalaciones, que en su momento demandaron una inversión superior a los 800 millones de dólares. El arrendamiento de la nueva explotación de Alumbrera, la producción de Agua Rica, no solo puede generar desarrollo productivo, sino también un beneficio económico y financiero directo para la provincia, si se negocia con inteligencia y visión estratégica.
En definitiva, la pregunta no es solo si YMAD es formalmente catamarqueña, sino si puede convertirse en una empresa verdaderamente apropiada por su pueblo. Eso exige reglas nuevas, prácticas distintas y una relación madura entre el Estado, la empresa y la sociedad. El desafío está planteado. La oportunidad, también.

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