De camino al 2027: apuntes para pensarnos como país

No estamos frente a una crisis política más. Tampoco ante una simple crisis institucional o económica. Lo que atraviesa hoy a la sociedad es algo más profundo y más difícil de nombrar: una crisis del sistema colectivo, es decir, de la capacidad de pensarnos como un “nosotros” con problemas comunes, conflictos compartidos y algún horizonte mínimamente reconocible.

El sistema político, las instituciones y sus dirigencias aparecen, en este contexto, profundamente desacreditadas. Todas acumulan desconfianza, sin embargo, conservan una paradoja central: se siguen constituyendo como el único marco legítimo para decidir. No convencen, no representan, no producen sentido, pero tampoco tienen reemplazo estructural. Se los critica, pero se piensa dentro de ellos. Se los rechaza, pero no se los abandona. Esta contradicción es uno de los rasgos centrales de la época. 

Esta crisis no se explica solo por errores de gestión ni por fallas morales. Tiene raíces estructurales. La transformación del capitalismo global (neoliberalismo), la concentración económica, financiera y productiva, la financiarización de la economía por sobre lo productivo, y la pérdida de capacidad estatal para regular y planificar produjeron una desigualdad productiva. Esto significa no solo la desigualdad en lo que se gana, sino la desigualdad en la capacidad real de producir valor y decidir sobre ese proceso. Dicha asimetría, justamente, se volvió el dato de partida de la vida social. Cuando esa desigualdad se consolida, la política llega tarde. Ya no discute cómo organizar la producción, sino cómo administrar sus consecuencias. El Estado, lejos de desaparecer, cambia de función: deja de ser integrador y pasa a ser árbitro. No corrige el juego, lo mantiene dentro de límites administrables. Subsidia, contiene, amortigua y segmenta. Evita el colapso, pero no transforma la estructura.

Ese arbitraje entre desiguales tiene un efecto decisivo: convierte la desigualdad en normalidad. De esta manera se vuelve la condición de partida sobre la cual se gobierna. El conflicto deja de ser político y pasa a ser administrativo. Se discuten montos, parches, programas y equilibrios, pero no el origen del daño.

Este desplazamiento tiene un costo profundo: la política pierde sentido transformador. No porque no actúe, sino porque actúa siempre después. Administra lo que no produjo, gestiona lo que no decidió, contiene lo que no puede integrar. De ahí el descreimiento persistente: la política aparece irrelevante  por desfase con la experiencia social real. 

La crisis del sistema colectivo se manifiesta también en la vida cotidiana. El conflicto no estalla como en otras épocas; se vuelve permanente. Y cuando el conflicto es permanente, no organiza sujetos: desgasta. Se normaliza la supervivencia individual, la competencia entre pares, el agotamiento como forma de vida, el cinismo como defensa. El futuro se achica y el presente lo ocupa todo. No hay rebelión, ni integración, hay adaptación silenciosa. 

En este contexto, el pensamiento crítico corre un riesgo: describir tan bien los límites que termine naturalizándolos. Pero el riesgo opuesto es igual de grave: negar esos límites con promesas vacías. Por eso, la primera claridad no es optimista. Nombrar que no hay un sujeto político constituido, es decir, que actúe como una sociedad solidaria, no es resignación; es evitar la mentira. 

Hablar de salidas sin sujeto ni condiciones produce frustración organizada. Y esa frustración es funcional al orden que se dice criticar. Esta honestidad intelectual exige que antes de prometer, haya que establecer cuáles son los límites sobre lo que podemos hacer. 

Esto no implica aceptar el orden existente. Implica no convertir la contención en normalidad. La diferencia entre administrar políticamente un límite y resignarse a él está en el sentido. Un Estado que contiene sin decir que contiene adormece. Un Estado que contiene y explicita que eso no alcanza mantiene viva la tensión.

Construir sentido político hoy no significa ofrecer una salida clara ni un horizonte cerrado. Significa negar que el presente sea aceptable, aun cuando no se tenga la fuerza para cambiarlo de raíz. Mantener visible el conflicto que no se resuelve, nombrar la desigualdad como resultado de decisiones históricas y no como dato natural, rechazar el lenguaje neutral que oculta asimetrías.

El cierre, entonces, no puede ser consolador. Mientras la desigualdad productiva siga siendo tratada como normal, el Estado seguirá arbitrando y la política seguirá administrando.

La pregunta que queda abierta —y que incomoda— no es cuándo habrá una salida, sino qué tendría que volver a ser inaceptable para que el conflicto deje de ser solo administrable y vuelva a ser político. Nombrar ese umbral es, quizás, el único punto de partida honesto para pensar lo que viene.