El desalojo como nueva forma de entrega

 

La presión social y el descontento con el gobierno de Javier Milei se hicieron sentir en el Senado. El oficialismo tuvo que retirar dos capítulos fundamentales de su Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: la derogación de la Ley de Tierras, que eliminaba los límites a la compra de campos por extranjeros, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

Fue una victoria del pueblo argentino. En distintos lugares del país se realizaron movilizaciones amplias y extrapartidarias que obligaron a los senadores a escuchar un reclamo claro: la tierra, el agua, los bosques y nuestros recursos naturales forman parte de la soberanía nacional.
El Gobierno mantiene su intención de liberar la venta de tierras a capitales extranjeros. Esta vez tuvo que retroceder porque encontró resistencia dentro y fuera del Senado. La victoria es importante y la amenaza continúa.

El texto que obtuvo media sanción conserva cambios graves en materia de expropiaciones y desalojos. Las nuevas condiciones dificultarán que el Estado nacional, las provincias y los municipios puedan expropiar inmuebles para realizar obras públicas o desarrollar proyectos estratégicos.

La senadora Lucía Corpacci recordó que el desarrollo de Vaca Muerta y el actual superávit energético fueron posibles gracias a la recuperación de YPF. Con las nuevas restricciones, una decisión semejante sería prácticamente imposible. “Es una ley de desprotección y entrega de nuestro territorio”, advirtió.
Un Estado con menos capacidad para expropiar pierde una herramienta fundamental para defender el interés general. Caminos, hospitales, viviendas, redes eléctricas, acueductos y proyectos productivos pueden requerir tierras privadas. Si cada intervención pública se vuelve demasiado costosa, el poder de decisión queda concentrado en quienes poseen la propiedad y el dinero.

El capítulo sobre desalojos también representa un grave retroceso. Una familia podrá quedar expuesta a perder su casa o su campo en apenas diez días. Tendrá ese tiempo para conseguir un abogado, reunir documentos, demostrar décadas de posesión y enfrentar a propietarios o empresas con dinero, estudios jurídicos y estructuras preparadas para litigar.

Catamarca conoce muy bien este peligro. A fines de 2003, Los Poquiteros S.A., una empresa de mayoría de capitales estadounidenses, afirmó haber comprado alrededor de 116.290 hectáreas en el departamento La Paz. Poco después comenzaron los desmontes y la colocación de alambrados en campos habitados y trabajados durante generaciones por familias campesinas.

El conflicto afectó a pobladores de El Quimilo, San Isidro, El Chaguaral, Santo Domingo, El Clérigo y Pozo Verde. Muchas familias vivían en tierras provenientes de antiguas mercedes, criaban animales y utilizaban zonas comunes de pastoreo. Sus casas, corrales y cementerios familiares demostraban una presencia de más de cien años.

Los pobladores se organizaron y, con apoyo de la Vicegobernación, que contrató a uno de los mejores estudios jurídicos en este ámbito, sostuvieron durante más de una década una lucha profundamente desigual. En 2016, la Justicia reconoció la posesión histórica de la comunidad y ordenó a la empresa detener el avance que afectaba sus derechos. 

¿Qué habría ocurrido si esas familias hubieran tenido solamente diez días para defenderse? ¿Cómo se demuestra en ese tiempo una historia construida durante generaciones? ¿Cuántos pobladores rurales podrían conseguir asistencia jurídica y reunir las pruebas necesarias antes de que una orden de desalojo cambie sus vidas para siempre? ¿Cuántas comunidades catamarqueñas serán afectadas por estos desalojo exprés? 

El Quimilo demuestra que detrás de un título presentado por una empresa pueden existir comunidades, derechos posesorios y una historia que merece ser escuchada. Esas tierras fueron habitadas, trabajadas y cuidadas por familias que debieron enfrentar al poder económico para permanecer en ellas.

La movilización social logró frenar la venta ilimitada de tierras a extranjeros y los cambios en la Ley de Manejo del Fuego. Ahora la discusión pasará a la Cámara de Diputados, donde deberán detenerse los desalojos exprés y la pérdida de herramientas del Estado para defender el interés colectivo. Esperamos que los diputados nacionales de Catamarca (Monguillot, Nóblega, Ávila, Palladino y Brizuela) voten para derogar los artículos que siguen destruyendo los derechos del pueblo, en favor de grandes capitales nacionales y extranjeros. Mientras tanto, nosotros tenemos que movilizarnos para evitar la aprobación de esta nueva forma de entrega territorial. 

La soberanía se ejerce sobre un territorio. En la tierra están el agua, los minerales, los alimentos, los bosques y la memoria de las comunidades. La sociedad argentina consiguió una victoria. Queda impedir que la entrega avance por otros caminos, con desalojos despiadados, derechos históricos ignorados y un Estado cada vez más débil frente a los grandes propietarios.